Comparecencia de Marina Nuñez Bespalova

A nombre de la Secretaría de Cultura, dependencia encargada de la aplicación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que nos reúne, así como en representación de su titular, que preside el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, agradezco a esta comisión legislativa se abra este espacio para intercambiar opiniones y conocer las posturas de quienes forman parte de al menos tres eslabones de la cadena del libro: editores, libreros y promotores de lectura.

Como cabe esperar de un tema tan dinámico como el fomento a la lectura, algunas instancias de la Secretaría recibimos cada año noticias de diversas propuestas para reformar la ley en la materia y, a través de los cauces establecidos, emitimos nuestra opinión sobre cada una de ellas. Varias, tengo entendido, nos reúnen ahora, pero me temo que el tiempo para detallarlas no nos va a ser suficiente, por lo cual, si me lo permiten, sólo arriesgaré a resumir que todas, absolutamente todas, se desarrollan alrededor de la inclusión y de la pluralidad, términos que sin duda no deben dejarse a un lado cuando se habla de fomentar la lectura y el libro. El reconocimiento de las lenguas indígenas y la producción de material en las mismas; la posibilidad de diversificar las plataformas de lectura y su acceso; la producción y difusión de textos en Braille o audiolibros para personas ciegas o con debilidad visual; la garantía de tener espacios de acceso al libro, como salas de lectura, bibliotecas y librerías en cada municipio de la República, o programas específicos de fomento a la lectura para la población infantil, son algunas propuestas por demás pertinentes en el marco de los derechos culturales, cuyo seguimiento se ha plasmado en la Ley General de Cultura y derechos Culturales publicada el 19 de junio del año en curso. Desde la Secretaría de Cultura, además, ponemos especial atención en estas preocupaciones de los señores legisladores, ya que corresponde a la propia dependencia, de manera concurrente con la Secretaría de Educación Pública, no sólo la elaboración del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, sino la puesta en práctica de las políticas y estrategias contenidas en dicho programa, como lo señalan los dos numerales del artículo sexto de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Es así que también, en el marco de las atribuciones que la Secretaría de Cultura tiene en la mencionada ley, en particular lo señalado en los seis numerales del artículo onceno, y en las que la Dirección General de Publicaciones a mi cargo registra en el Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, también hemos apoyado e intentado consensuar las distintas iniciativas legislativas que implican al sector editorial.

La más contundente de ellas fue la presentada por un grupo de senadoras encabezadas por la entonces presidenta de la comisión de Cultura, Blanca Alcalá, en la cual, entre otras, se actualizaba la denominación de libro (artículo 2); se sumaba a la Procuraduría Federal del Consumidor como autoridad encargada de la aplicación de la ley (artículo 5); se adjudicaba al entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la obligación de llevar a cabo el registro del precio único de los libros, a partir de la información proporcionada por editores o importadores, para alinear las acciones operativas que de por sí ya tenía encomendadas (artículo 11) y se establecían 24 meses contados a partir de la fecha de impresión consignada en el colofón o del pedimento de importación, como vigencia del precio único de venta al público, con las excepciones que ya marca el artículo 22 de la ley. En una de las últimas reuniones de trabajo que varios de nosotros tuvimos con la comisión, sólo quedaba por clarificar un punto: qué instancia, además de las operativas de la ley, debía ser la encargada de vigilar la aplicación de la misma y acometer, en su caso, las sanciones correspondientes.

Por lo menos un año y medio ha pasado desde que se dio a conocer esta iniciativa y aún no se tiene respuesta a esto último sin duda importante para ver realmente los beneficios de una ley como la que nos rige en materia de libro y lectura. En su reciente visita a México, la ministra de Cultura de Francia, Françoise Nyssen, recordó que la regulación del precio único salvó al ecosistema del libro en su país, pero también lo hicieron otras políticas internas alrededor de cada uno de los actuantes de la cadena de valor del libro. “Hay que convencer a los políticos -afirmó en una entrevista a El País- de que el Estado debe intervenir en el mercado cultural para que haya libertad”. La libertad de expresión, de pensamiento, de creación y de divulgación de las ideas está ligada a la posibilidad de permitir la competencia equitativa y que no sea uno el elemento que determine la oferta editorial. Las declaraciones de la ministra son consecuencia de una batalla que los últimos gobiernos franceses, apoyados de manera unánime por su poder legislativo, han dado para defender a las librerías, los espacios naturales de acceso al libro, contra plataformas tan abrumadoras como Amazon. Esta decisión del Estado en su conjunto benefició, de paso, la creación de otras plataformas digitales nacionales o el reforzamiento de las ya existentes. En Francia, según cifras del propio ministerio, Amazon sólo tiene el 30% del mercado digital; en Reino Unido, que después de 97 años abandonó el precio único, copa ya el 80%. Aun así, en Francia este año, editores y operadores de comercio en línea firmaron una carta de buena conducta en la que se comprometen a respetar la ley del precio único del libro. El precio único ha permitido también otros esquemas de apoyo a las librerías tradicionales; en Alemania, por ejemplo, las principales cadenas de librerías crearon la plataforma Tolino y en México, hace no mucho tiempo, se presentó un caso similar con Orbile. Abro un paréntesis para señalar que estar en contra de las plataformas electrónicas sería una necedad, ya que representan un acceso valioso y adicional al libro; sin embargo, todas, sin excepción, deben acatar la normatividad del país en el que se establecen porque comienzan a formar parte del mercado editorial nacional.

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro significó un paso decisivo del Estado para propiciar el crecimiento no sólo de su industria editorial, sino de sus consumidores culturales. Hacer del interés nacional el fomento a la lectura, propiciando programas, estrategias o políticas alrededor del libro es casi un asunto incuestionable si asumimos que nuestros índices lectores no son óptimos, que nuestra industria descansa en gran medida en el presupuesto público o que nuestros espacios de acceso al libro son insuficientes. De nada sirve fomentar la lectura en el aula, fuera de ella, a través de mediadores o de manera directa ofreciendo fantásticos fondos editoriales en las bibliotecas, si nuestro lector en potencia no encuentra fácilmente dónde saciar su consumo de libros posteriormente. No entender que los espacios de adquisición de libros forman parte de la formación lectora nos tiene que preparar a asumir que todos los recursos que se destinan a este fin no van a parar a ninguna parte.

Por otro lado, la ausencia de leyes que regulen el precio de los libros crea escenarios por demás interesantes que están pendiente de análisis, por ejemplo, Inglaterra abandonó en 1997 la ley del precio único del libro, en un año en el que reportaba la existencia de 1028 librerías. Diez años después, la Booksellers Association informa que sólo sobreviven 867 y que el canal de las librerías sólo representa el 4% de las ventas totales, mientras que en Francia a través de las librerías se vende el 45% de la producción editorial. Lo curioso de este comparativo es que la disminución del número de librerías, sobre todo independientes, afectó la bibliodiversidad, pues el 15% de los títulos vendidos y editados son Best Sellers, mientras que en Francia estos libros sólo representan un 2%. No está de más señalar el estudio global que realiza la agencia NOP World cada año en el que se determina cuántas horas semanales se dedican a la lectura: Reino Unido ocupa el puesto 26, mientras que Francia el 8 (los únicos países latinoamericanos son México, con el puesto 25, Argentina con el 18 y Venezuela con el 14).

Actualmente, y de acuerdo con la última reforma a la Ley, la Secretaría de Cultura fue la encargada de expedir el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, en el cual se reconoce la diversidad cultural y la pluralidad lingüística que conforman nuestro país. Por lo tanto, se promueve la diferenciación entre los distintos programas de fomento a la lectura, respetando las particularidades de las distintas comunidades. Desde su publicación, se alienta la producción de textos en todas las lenguas nacionales y se crea una plataforma en las cuatro más habladas, además del español, que se publica con la traducción de la Carta Magna, pero que aspira a difundir también otro tipo de contenidos.

La Encuesta Nacional de Lectura que se presentó en 2015, arrojó que los mexicanos leemos 5.3 libros al año, pero los mexicanos lectores sólo representan un 42%. Los programas de fomento a la lectura se han enfocado a crear nuevos lectores, pero también deben tender a promover el fortalecimiento de una industria editorial haciendo accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio. La fórmula que muchos países han encontrado para ello es regulando el precio de venta, incentivando la creación de librerías que compitan no por su capacidad de otorgar precios más bajos, sino por su oferta y calidad de servicio. En la industria del libro, los precios libres sólo benefician a quienes puedan asumir los porcentajes de descuentos, es decir, cadenas de librerías y grandes grupos editoriales; en la población, sólo a aquellos que viven cerca de una librería que tenga tales capacidades.

No hay evidencia de que el precio de un libro esté relacionado con los índices lectores: en la mencionada encuesta se reportó que la falta de espacios de acceso al libro era la principal limitante para la lectura, lo segundo era la falta de tiempo. Por otra parte, el mismo estudio muestra una relación entre hábitos de lectura y la exposición temprana a materiales de lectura y a actividades artísticas: más del 50% de los mexicanos que se consideran lectores reconocen serlo gracias al estímulo de sus maestros en el aula, sin importar su nivel socioeconómico. En respuesta a ello y como consecuencia de la misma Ley de Fomento, este año se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la de Cultura, mediante el cual, en materia de lectura, se utilizarían las buenas prácticas lectoras dentro del aula, capacitando a futuros maestros y potenciando la creación de lectores que idealmente sean consumidores de productos culturales. Digo idealmente porque la voluntad lectora se acaba cuando el acceso al libro es ya un esfuerzo o una misión prácticamente imposible.

Desde hace unos años, varias instancias convocamos al Premio Nacional de Fomento a la Lectura que este año incluyó en sus categorías a la librería como espacio de promoción lectora. Gracias a ese premio y al registro que nos reportan cientos de mediadores de lectura, hemos conocido empresas heroicas en municipios o colonias apartadas de los diferentes estados, donde el librero ejerce también de bibliotecario, de promotor de lectura y hasta de asesor familiar. El librero ante todo es un lector, una autoridad en su comunidad y un facilitador de cultura que no debemos obviar ni en las políticas públicas ni en las gremiales. Por ello, atendiendo la solicitud de la Asociación de Libreros de México, que forma parte del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, en la primera sesión extraordinaria del pasado 17 de octubre se aprobó apoyar las gestiones del gremio para cambiar el régimen fiscal de las librerías promoviendo la tasa 0 del IVA y equiparándolas con las editoriales. De acuerdo con el artículo 15, inciso IV, el Consejo tiene la facultad de proponer a las autoridades competentes la “adopción de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y fortalecer el mercado del libro”.

De igual modo, el mismo Consejo no pudo ser omiso ante la preocupación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, algunos editores independientes y la propia Asociación de Librerías de México, ante la publicación de la “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento”, por lo cual, derivado de la tercera sesión ordinaria del 30 de noviembre pasado, acordó por unanimidad “solicitar a las comisiones de Educación y Estudios Legislativos del Senado de la República, se considere la opinión del mismo (es decir, del propio Consejo) para la dictaminación de esa iniciativa. Asimismo, se acordó “enviar una carta a la comisión de Cultura pidiendo solicite a la mesa directiva le dé turno en la dictaminación de la iniciativa en comento”, por considerarla de su competencia. De acuerdo con la Secretaría Técnica de dicho Consejo, las misivas resultantes fueron enviadas ya el día de ayer a las tres comisiones involucradas.

Estimados señores senadores, la reforma del artículo 26 no sólo implica otorgar a los vendedores de libros una potestad que sólo tienen los editores sobre sus novedades, sino que rompe el círculo que inician los diversos programas de fomento a la lectura, al provocar la desaparición de espacios de acceso al libro. Las bibliotecas y las salas de lectura no se contraponen a una librería, sino que la complementan creando lectores que luego serán consumidores de libros y provocarán una mayor demanda para los editores que se verán obligados a diversificar su oferta y a eficientar sus procesos editoriales. Hacer que las librerías se conviertan también en un actor del fomento a la lectura sólo se puede lograr si tienen un mínimo de certeza financiera y centran sus esfuerzos en la calidad de su servicio, no en la competitividad en la venta de novedades. El precio único, cuya vigencia responde al tiempo que se ha calculado que una novedad puede distribuirse en toda la República y a su movilidad en los distintos mercados nacionales, es un instrumento que sólo está en manos del editor cambiarlo, como tenedor de los derechos de autor de las obras que produce, y puede hacerlo en el momento en que lo considere adecuado. El precio único no limita el derecho del editor, sino que da equidad en los espacios de comercialización en beneficio de la apertura y/o permanencia de aquellos puntos de venta que desaparecerían en un escenario de competencia abierta.

La Secretaría de Cultura, como dictan sus atribuciones en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, seguirá impulsando las acciones y programas que promuevan la formación de usuarios plenos de la cultura escrita, cumpliendo con lo que el mismo instrumento jurídico le tiene encomendado. Este tiempo en el que se reúne la voluntad de buena parte del gremio editorial alrededor de una política pública debe aprovecharse para reforzarla por el bien común, para tener la oportunidad de ver sus resultados cabalmente y, en su momento, tomar las decisiones que se juzguen pertinentes. México puede hacer aún mucho con su industria editorial dentro y fuera de sus fronteras, pero necesita los mecanismos legales y fiscales que faciliten su labor.

*Texto leído por la Dra. Marina Núñez Bespalova en la audiencia pública de la Comisión de Cultura del Senado de la República, el 6 de diciembre de 2017